Sitios Web y Cumplimiento de la ADA

Un sitio web que un cliente ciego o con baja visión no puede navegar con un lector de pantalla es, en los tribunales federales de Florida, una demanda a la espera de ser presentada. El Título III de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) fue redactado en 1990 pensando en establecimientos físicos, pero una generación de demandantes en serie, un puñado de bufetes de alto volumen, y una línea de decisiones del Onceavo Circuito y de tribunales de distrito lo han convertido en la categoría más activa de litigio federal que una empresa de comercio electrónico de Florida probablemente enfrentará. Los tribunales federales de Florida registraron 961 demandas de accesibilidad web en 2025 — más del doble que el año anterior, y segundo lugar a nivel nacional — y solo el Distrito Sur de Florida ahora tramita más demandas de acomodación pública conforme a la ADA que la mayoría de los estados en su totalidad.

Nuestros abogados de Miami trabajan ambos lados del problema: llevando sitios web y aplicaciones móviles a conformidad con las WCAG 2.1 Nivel AA antes de que llegue una carta de requerimiento, y defendiendo a empresas — desde restaurantes y boutiques de una sola ubicación hasta marcas nacionales de comercio electrónico — cuando una sí llega.

La ADA y el Vacío Regulatorio

Un estatuto de 1990, doce categorías físicas, y ninguna regla del Título III para la web — 36 años después

El Título III de la ADA, 42 U.S.C. § 12181 et seq., prohíbe la discriminación “por motivo de discapacidad en el disfrute pleno e igualitario de los bienes, servicios, instalaciones, privilegios, ventajas o acomodaciones de cualquier lugar de acomodación pública” (§ 12182(a)). El estatuto enumera doce categorías de acomodación pública — restaurantes, hoteles, tiendas minoristas, bancos, y similares — cada una de ellas descrita como una instalación física y tangible (§ 12181(7)). El Congreso promulgó la ADA antes de que existiera el internet comercial y nunca ha enmendado el Título III para abordar sitios web, aplicaciones móviles u otras plataformas digitales.

El Departamento de Justicia ha señalado reiteradamente que considera que los sitios web de las acomodaciones públicas están cubiertos, y lo ha manifestado en orientaciones, escritos de amicus curiae y acuerdos transaccionales, pero nunca ha finalizado una regla del Título III sobre accesibilidad web para empresas privadas. La única regla federal vinculante sobre accesibilidad web es la regla de abril de 2024 del DOJ conforme al Título II — que se aplica a gobiernos estatales y locales, no a empresas privadas — que adopta las WCAG 2.1 Nivel AA como el estándar requerido; el 20 de abril de 2026, el DOJ postergó un año las fechas de cumplimiento de esa regla, hasta el 26 de abril de 2027 para entidades públicas grandes y el 26 de abril de 2028 para las pequeñas. Para las empresas privadas, el vacío regulatorio ha dejado en manos de los tribunales la cuestión de si, y cuándo, el Título III alcanza a un sitio web inaccesible — y ha producido un cuerpo de jurisprudencia inconsistente, una división entre circuitos, y una industria de litigios construida sobre esa incertidumbre.

Las Cifras: Demandas en los Distritos Medio y Sur de Florida

Florida es el segundo foro con mayor actividad del país, y el sur de Florida es su epicentro

El expediente de accesibilidad web de Florida ha seguido una trayectoria distintiva. Las demandas federales en el estado subieron a 576 en 2018 gracias al veredicto del juicio de Gil v. Winn-Dixie, cayeron a un mínimo de 185 en 2021 mientras la opinión del panel del Onceavo Circuito en Gil —posteriormente anulada— sembraba dudas sobre el reclamo, y luego se reconstruyeron año tras año una vez que esa opinión fue eliminada de los registros — alcanzando 470 en 2024 y 961 en 2025. Contando también las demandas ante tribunales estatales, Florida registró 950 demandas por sitios web en 2025, un aumento del 51 por ciento respecto de las 629 de 2024, y ya había registrado 393 para finales de junio de 2026, manteniéndose entre los tres estados más activos del país junto con Nueva York e Illinois.

Dentro de Florida, los dos distritos que importan son el Distrito Sur (Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach y los Cayos) y el Distrito Medio (Orlando, Tampa, Jacksonville, Fort Myers y Ocala). Los informes publicados no desglosan los casos de sitios web por distrito, por lo que la gráfica a continuación utiliza la medida más amplia que los propios tribunales registran — demandas civiles codificadas como “Americans with Disabilities – Other” (naturaleza de la demanda 446), que abarca todo caso de acomodación pública conforme al Título III, tanto web como físico. Con esa medida, el Distrito Sur ha registrado aproximadamente el triple del volumen del Distrito Medio, pasando de cerca de 980 demandas en 2022 a más de 1,300 en cada uno de los años 2024 y 2025, mientras que el Distrito Medio subió de aproximadamente 390 demandas en 2024 a cerca de 465 en 2025 — un aumento del 19 por ciento en un solo año — a medida que el modelo de demandante en serie que comenzó en Miami se extendió a Orlando, Tampa y Gainesville.

Dos características del expediente de Florida explican el volumen. La primera es la concentración: un análisis de 2025 identificó a cuatro bufetes del área de Miami y a un pequeño grupo de demandantes recurrentes — varios con más de cien demandas cada uno — detrás de la mayoría de los casos de sitios web del sur de Florida, utilizando demandas prácticamente idénticas contra restaurantes, minoristas de indumentaria, empresas de hospitalidad y consultorios médicos. La segunda es económica: el Título III autoriza medidas cautelares y honorarios de abogados, pero no daños, por lo que los casos están calculados para transarse, típicamente en el rango de $5,000 a $20,000 más los costos de remediación, antes de que un demandado haya gastado lo suficiente en abogados como para poner a prueba la demanda. A nivel nacional, aproximadamente una de cada cuatro demandas de 2025 tenía como objetivo un sitio web que ya contaba con un “widget” o superposición de accesibilidad — un recordatorio de que los abogados de la parte demandante tratan esas herramientas como una señal de incumplimiento, y no como una defensa.

Cómo Llegó Aquí el Onceavo Circuito: Rendon, Gil y Haynes

Por qué todavía no existe una respuesta vinculante sobre si un sitio web es un “lugar de acomodación pública”

Los tribunales federales se han dividido en aproximadamente tres bandos. Las jurisdicciones de “nexo” — el Tercer, Sexto y Noveno Circuitos, y en la práctica el Onceavo — sostienen que un sitio web está cubierto solo si tiene una conexión suficiente con un lugar físico de acomodación pública. El Primer y el Séptimo Circuitos tratan el sitio web de una acomodación pública como cubierto de manera independiente, sin importar cualquier vínculo con una ubicación física. El Segundo Circuito y otros permanecen sin resolver, con tribunales de distrito divididos. El Onceavo Circuito ocupa una posición inusualmente indefinida dentro del bando del nexo, porque su única decisión precedente sobre el fondo fue anulada por motivos procesales, y la decisión en la que actualmente se apoyan los tribunales de distrito no está publicada.

Rendon v. Valleycrest Productions, Ltd., 294 F.3d 1279 (11th Cir. 2002) — la doctrina de la “barrera intangible”

Rendon no fue un caso de sitios web. Concursantes con discapacidad auditiva y de movilidad impugnaron el proceso de selección telefónica utilizado para elegir a los concursantes de un programa televisivo de concursos, argumentando que fueron excluidos antes de siquiera llegar al estudio físico. El Onceavo Circuito sostuvo que la prohibición de discriminación del Título III “no se limita a las barreras tangibles,” y que una barrera intangible que niega a las personas con discapacidad el disfrute pleno e igualitario de los bienes y servicios de un lugar físico puede violar la ADA aunque la barrera misma exista fuera del sitio. Ese principio se convirtió en el gancho analítico que todo demandante de sitios web de Florida ha utilizado desde entonces: un sitio web inaccesible es una barrera intangible hacia la tienda física, restaurante o clínica que hay detrás de él.

Gil v. Winn-Dixie Stores, Inc. — el juicio histórico, la revocación, y la anulación

Juan Carlos Gil, quien es legalmente ciego, demandó a Winn-Dixie en el Distrito Sur de Florida después de no poder utilizar el sitio web de la cadena de supermercados para resurtir recetas médicas o vincular cupones digitales a su tarjeta de lealtad. Tras un juicio sin jurado — uno de los primeros casos de accesibilidad web del país en llegar a juicio en lugar de transarse —, el juez Scola determinó que Winn-Dixie era responsable, dictó una medida cautelar permanente que exigía conformidad con las WCAG 2.0 Nivel AA, y otorgó honorarios. 257 F. Supp. 3d 1340 (S.D. Fla. 2017). En apelación, un panel dividido revocó la decisión, sosteniendo que las acomodaciones públicas se limitan a lugares físicos reales, que los sitios web no son en sí mismos lugares de acomodación pública, y que el sitio de funciones limitadas de Winn-Dixie no excluyó a Gil de los bienes y servicios de las tiendas físicas. 993 F.3d 1266 (11th Cir. Apr. 7, 2021). La jueza Jill Pryor disintió extensamente. Luego, al reconsiderar el caso (rehearing), el tribunal sostuvo que la apelación se había vuelto abstracta (moot) porque la medida cautelar de tres años había expirado mientras la apelación estaba pendiente; anuló tanto su propia opinión de panel como la sentencia del tribunal de distrito, y ordenó la desestimación. 2021 WL 6129128 (11th Cir. Dec. 28, 2021). Por lo tanto, la ampliamente reportada resolución de que los sitios web no son lugares de acomodación pública no vincula a nadie. Sobrevive únicamente como comentario persuasivo, y el Onceavo Circuito todavía no ha emitido una decisión vinculante sobre la cuestión.

Haynes v. Dunkin’ Donuts LLC, 741 F. App’x 752 (11th Cir. 2018) — la decisión que los tribunales de Florida realmente aplican

Dennis Haynes, quien es ciego, demandó a Dunkin’ Donuts después de que su sitio web —incompatible con su lector de pantalla— le impidiera localizar tiendas cercanas o comprar tarjetas de regalo en línea. El tribunal de distrito desestimó el caso por no alegar un nexo entre las barreras del sitio web y las tiendas físicas. El Onceavo Circuito revocó, razonando que la prohibición de la ADA se extiende a las barreras intangibles y que, debido a que el sitio web “es un servicio que facilita el uso de” las tiendas físicas de Dunkin’ Donuts, Haynes había planteado un reclamo plausible. Haynes no exigió demostrar que el sitio web negara por completo el acceso a la tienda física; la facilitación fue suficiente. Aunque no publicada y, por lo tanto, no vinculante conforme a las reglas del Onceavo Circuito, Haynes es la única palabra a nivel de circuito sobre el fondo del asunto que sigue en pie, y los Distritos Sur y Medio se apoyan fuertemente en ella.

El Estándar Actual en Florida: Un Nexo con una Ubicación Física

Lo que exigen las decisiones de 2023–2026 en los Distritos Sur y Medio — y dónde divergen

Con la resolución de fondo de Gil anulada y Haynes en pie, los Distritos Sur y Medio han convergido en un estándar funcional de nexo: un demandante ciego o con baja visión plantea un reclamo conforme al Título III si la demanda alega de manera plausible que la inaccesibilidad del sitio web crea una barrera intangible hacia los bienes, servicios o privilegios de un lugar físico asociado de acomodación pública. Las decisiones no son vinculantes entre sí, pero leídas en conjunto muestran tanto la facilidad con que se satisface el nexo como los puntos en los que los tribunales están comenzando a resistirse.

• Fernandez v. Flanigan’s Enterprises, Inc., No. 23-80073-CIV (S.D. Fla. June 29, 2023). El tribunal permitió que continuara el reclamo de un demandante ciego contra una cadena de restaurantes, porque el sitio web permitía a los clientes ordenar comida para entrega o recolección en tienda — un vínculo funcional directo con los restaurantes físicos que satisfizo el requisito de barrera intangible sin que el tribunal necesitara usar en ningún momento la palabra “nexo.”
• Proveyer v. Prince St. Pizza LLC, No. 1:26-cv-20075 (S.D. Fla. Feb. 27, 2026) (Moore, J.). El tribunal desestimó el reclamo de un demandante ciego contra el sitio web de una pizzería, donde las alegaciones de que tenía la intención de ordenar comida y visitar el restaurante “en el futuro cercano” eran conclusorias y carecían de detalle sobre cualquier esfuerzo genuino por patrocinar el local. La decisión muestra que los tribunales de Florida están examinando con rigor la legitimación y la plausibilidad de la intención declarada del demandante de utilizar la ubicación física — no simplemente la existencia de un vínculo entre el sitio web y la tienda.
• Espinal v. Gabriella Growers, Inc., No. 6:25-cv-2319 (M.D. Fla. Apr. 2, 2026). Aplicando Haynes, el Distrito Medio sostuvo que, debido a que el demandado vendía plantas tanto en línea como en su vivero físico, la incompatibilidad del sitio web con el software de lectura de pantalla impidió al demandante acceder a los bienes ofrecidos en la ubicación física y, por lo tanto, “facilitó el uso de” la tienda — ilustrando con qué facilidad se cumple el estándar siempre que una empresa opere tanto un sitio de comercio electrónico como una ubicación física.
• Herrera v. PB Retail, Inc., No. 1:26-cv-20632 (S.D. Fla. June 11, 2026). El Distrito Sur caracterizó el sitio web de un minorista como un “punto de venta crítico” para productos también vendidos en su tienda del Miami Design District, e identificó “nexos adicionales” en funciones que permitían a los clientes coordinar recolección en tienda, reservar citas para servicios en tienda, y verificar la disponibilidad de mercancía en tienda. Cabe destacar que el tribunal consideró suficiente para la legitimación la intención declarada del demandante de visitar la tienda en el futuro cercano, sin un plan o fecha concretos — una lectura más permisiva que en Proveyer, resuelto en el mismo distrito cuatro meses antes.

Dos tendencias prácticas definen la práctica actual en Florida. Primero, el estándar del nexo sigue siendo la prueba operativa y se satisface con relativa facilidad siempre que una empresa tenga tanto un sitio web funcional de comercio electrónico o de pedidos como una ubicación física en Florida. Segundo, los tribunales exigen cada vez más alegaciones bien fundamentadas y no conclusorias sobre la intención y el esfuerzo del propio demandante por patrocinar esa ubicación — un control emergente frente a las demandas formulaicas y en serie que una moción de desestimación bien preparada puede aprovechar. Debido a que el mismo distrito ha interpretado el requisito de legitimación de manera distinta dentro de un mismo año, el resultado de una moción depende tanto del juez, de la redacción de la demanda, y del historial de litigios del demandante, como de la ley misma.

WCAG 2.0, 2.1 y 2.2 Nivel AA: El Referente que Utilizan los Tribunales y los Acuerdos

No codificado para el Título III — pero incorporado en toda medida cautelar, decreto de consentimiento y regla del DOJ

Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG), publicadas por el World Wide Web Consortium, son el estándar técnico internacional para hacer que el contenido digital sea utilizable por personas con discapacidad. Organizan docenas de criterios de éxito verificables bajo cuatro principios — el contenido debe ser perceptible, operable, comprensible y robusto — en tres niveles de conformidad, A, AA y AAA. Las WCAG 2.0 (2008) establecieron las bases: alternativas textuales para imágenes, navegabilidad por teclado, compatibilidad con tecnologías de asistencia como lectores de pantalla, contraste de color suficiente, y formularios y controles debidamente etiquetados. Las WCAG 2.1 (2018) añadieron criterios para dispositivos móviles y para discapacidades visuales y cognitivas, incluyendo requisitos de reflujo, orientación y objetivos táctiles. Las WCAG 2.2 (2023) añadieron nueve criterios adicionales, en gran medida relacionados con la visibilidad del foco, los movimientos de arrastre, y la autenticación accesible.

Ningún estatuto o reglamento convierte a las WCAG en el estándar legal para el sitio web de una empresa privada conforme al Título III. Pero es el estándar en la práctica: la medida cautelar de Gil exigió las WCAG 2.0 AA; la regla del DOJ conforme al Título II adopta las WCAG 2.1 AA; los acuerdos transaccionales del DOJ con empresas privadas especifican las WCAG 2.1 AA; y prácticamente todo decreto de consentimiento y acuerdo privado en un caso de sitios web de Florida exige conformidad con las WCAG 2.1 AA dentro de un plazo definido, con auditorías periódicas. Una empresa que pueda documentar conformidad con las WCAG 2.1 AA — mediante una auditoría profesional, no mediante un widget de superposición — tiene tanto la defensa más sólida sobre el fondo como la mejor oportunidad de dejar sin materia el reclamo tempranamente, y el número creciente de demandas presentadas contra sitios equipados con widgets confirma que los abogados de la parte demandante no tratan las superposiciones como cumplimiento.

Defensa de una Demanda de Sitio Web Conforme a la ADA

El primer movimiento se ve distinto al de un caso de marcas o derechos de autor — pero los primeros días siguen siendo lo más importante

Debido a que una demanda de sitio web conforme a la ADA no conlleva exposición a daños, los demandados a veces la tratan como una molestia que se paga con la primera cifra ofrecida en el requerimiento. Eso suele ser un error en ambos sentidos: pagar rápidamente invita al siguiente demandante en serie, mientras que ignorar el caso arriesga una sentencia en rebeldía, una medida cautelar en los términos del demandante, y una condena en honorarios que supera con creces el valor de la transacción. La respuesta correcta depende del demandante, del sitio web, y del juez, y se construye en los primeros días después del emplazamiento.

• Ponga a prueba la legitimación. Conforme a Proveyer y la orientación de la Corte Suprema en Acheson Hotels v. Laufer, un demandante debe alegar de manera plausible una intención concreta de utilizar la ubicación física, no un deseo generalizado de “futuro cercano.” El historial de demandas de un probador (tester) es objeto de descubrimiento (discovery) y relevante para esa indagación.
• Ponga a prueba el nexo. Una empresa sin ubicación física en Florida, o cuyo sitio web no facilita el uso de una, tiene una defensa estructural conforme a Haynes y al razonamiento del panel anulado en Gil. Donde existe un nexo, la cuestión pasa a ser qué funciones lo crean y si las barreras alegadas realmente las afectan.
• Ponga a prueba las alegaciones sobre la barrera. Las demandas formulaicas suelen recitar fallas genéricas de las WCAG sin identificar qué intentó hacer el demandante. Una auditoría técnica rápida nos indica en cuestión de días si las barreras alegadas existen, si ya han sido corregidas, y si el demandante pudo haber completado la transacción por otros medios accesibles.
• Evalúe con cuidado la abstracción (mootness). La remediación completada antes de la sentencia puede dejar sin materia un reclamo de medida cautelar, pero la doctrina de cese voluntario exige demostrar que la conducta razonablemente no puede esperarse que se repita — razón por la cual una auditoría documentada de las WCAG 2.1 AA y un programa de monitoreo, y no una corrección rápida, es lo que persuade a un tribunal.
• Gestione la exposición en honorarios. Los honorarios de abogados son la recuperación real del demandante. Un plan de remediación temprano y creíble, y una oferta de sentencia conforme a la Regla 68, pueden limitar esa exposición; una moción de desestimación defendida por falta de legitimación puede eliminarla.
• Coordine con las aseguradoras y los proveedores. Algunas pólizas de responsabilidad civil general y cibernéticas responden ante reclamos de sitios web conforme a la ADA; los contratos con plataformas de comercio electrónico y desarrolladores web pueden conllevar obligaciones de indemnización. Ambas deben notificarse con prontitud.

Nuestra práctica integral de defensa en litigios — patentes, marcas (incluyendo casos Schedule A de congelamiento de activos), derechos de autor, secretos comerciales, CADRA, y reclamos conforme a la FDUTPA — se describe en nuestros materiales de Servicios de Defensa en Litigios, donde aplica la misma disciplina de los primeros 10 días.

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